El dato de que nuestro país es uno de los que tienen menos reclamaciones y condenas en los tribunales europeos, es la prueba perfecta para demostrar que la calidad legislativa en España es buena y que es así vista desde fuera de nuestras fronteras.
España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según un informe publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
El TEDH es un tribunal internacional que tiene la competencia para conocer demandas individuales o estatales que se fundamentan en las violaciones de los derechos civiles y políticos enunciados en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que España rubricó en 1977 y que quedó ratificado el 26 de septiembre de 1979, una vez aprobado por las Cortes Generales.
Entre los años 2014 y 2017, la media al año de reclamaciones con origen en España asignadas a un Comité (tres jueces), Cámara (7 jueces) o Gran Cámara (17 jueces) del TEDH fue de 622; una cifra que en relación con el número de habitantes de nuestro país arroja un porcentaje de 0,14 demandas por cada 10,000 habitantes, un tanto por ciento muy inferior a la media de los Estados que firmaron el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos.
Las sentencias del TEDH en las que se declara que ha habido al menos alguna violación de los derechos enunciados en el Convenio, nuestro país arroja una cifra de 8,8 sentencias de media por año, un ratio muy bajo en relación con la población total de España; esta baja cifra también es compartida por países como Alemania, Holanda, Irlanda o Reino Unido.
Respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los tratados, cuyo órgano competente para la revisión de los cumplimientos es el Tribunal de Justicia de la UE; el ratio español es inferior a la del conjunto de la Unión Europea y similar a la de países como Alemania, Italia, Holanda o Suecia.
Este informe publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, finaliza detallando las cuestiones prejudiciales mediante las que los jueces nacionales se dirigen al TJUE para solicitar que este precise una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión.
Los jueces españoles han planteado un total de 460 cuestiones prejudiciales al TJUE desde 1986, representando un 5,3 por ciento de todas las presentadas ante el tribunal, un porcentaje que está por debajo del peso poblacional de España en la Unión Europea.
En la última década, las materias por las que más veces se han planteado cuestiones prejudiciales por jueces españoles han sido la de protección de consumidores (65) y política social (63). Respecto a los órganos que en más ocasiones han elevado consultas al TJUE en ese mismo periodo (2008-2017), son el Tribunal Supremo (58), los Tribunales Superiores de Justicia (37), las Audiencias Provinciales (29) y los Juzgados de Primera Instancia (28).
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